Aprueban en Diputados el proyecto de aporte privado a la obra pública

Por amplia mayoría, la Cámara de Diputados aprobó hoy y devolvió al Senado el proyecto que crea un régimen de “Participación Público Privada (PPP)”para el desarrollo de la obra pública.

La iniciativa, que habilita al Estado a adjudicar contratos de obras -por medio de un régimen especial y más flexible- a empresas que se provean su propio financiamiento, tuvo 151 votos a favor, 78 en contra y 6 abstenciones. Ahora, el proyecto será de nuevo debatido por el Senado, que aprobó una primera versión el 21 de septiembre.
Además de Cambiemos y de sus habituales aliados, respaldaron la propuesta el Bloque Justicialista y la mayoría del Frente Renovador (FR). Votaron en contra el Frente para la Victoria (FPV), el Frente Amplio Progresista (FAP), el Frente de Izquierda (FIT) y otros bloques más pequeños, como el Solidario SI, de Carlos Heller.
Las abstenciones corresponden a Omar Plaini (Cultura, Educación y Trabajo); a los diputados del FPV Héctor Tomas y Sandra Castro, que responden a José Luis Gioja, ausente durante la votación, y a los massistas Jorge Taboada, Facundo Moyano y Héctor Daer, integrante del triunvirato de la CGT. Moyano se había manifestado en contra en la discusión en comisión, pero prefirió abstenerse para no desafiar el liderazgo de Sergio Massa, jefe del FR.
El punto más discutido fue la prórroga de jurisdicción, en casos de litigios, a favor de tribunales arbitrales extranjeros. Esta cláusula, contemplada en el artículo 25, tuvo en la discusión en particular 137 votos a favor, 90 en contra y 3 abstenciones. A los que habían votado en contra en general se agregaron los diputados de Juntos por Argentina, de Darío Giustozzi, y Compromiso Federal, del PJ de San Luis.
Tras el fracaso del tratamiento del proyecto en la sesión de la semana pasada, el oficialismo introdujo ayer cambios al dictamen, para obtener el respaldo de la bancada massista. Se dispuso, también para responder a un pedido de la CGT, que los bienes y servicios contratados durante las obras tendrán “como mínimo un tercio de componente nacional”.
Además, se decidió que los procedimientos de contratación deberán promover la participación de las pymes, y el fomento de la industria y el trabajo nacional. En la apertura del debate, Daniel Lipovetzky (Pro) sostuvo que la iniciativa “es una contribución a resolver los problemas de infraestructura que tiene la Argentina”, y subrayó que en 2005 el entonces presidente Néstor Kirchner aplicó un régimen similar por medio de un decreto.
De acuerdo con el nuevo régimen, presentado por el oficialismo como una oportunidad para resolver problemas de financiamiento de obras públicas, la adjudicación de los contratos recaerá “en la oferta que sea considerada la más conveniente para el interés público”. Las empresas podrán recuperar la inversión después de terminada la obra. Si hacen una ruta será con el peaje; si hacen una represa, con la venta de la energía durante los años que dure una eventual concesión por parte del Estado. Los contratos con este nuevo régimen podrían alcanzar en 2017 hasta el 5 por ciento del PBI, alrededor de un tercio de la obra pública.
El kirchnerismo rechazó la comparación y consideró que los cambios hechos en las últimas horas son “retoques cosméticos”, que no modifican el corazón del proyecto. El kirchnerista Axel Kicillof advirtió que se trata de una “privatización de la obra pública”, que “está diseñado para eludir el derecho administrativo argentino” y sostuvo que traerá perjuicios a futuro: “Cuando después [las empresas] le vendan a los argentinos el resultado de esas obras, lo único que vamos a poder hacer es ver qué decía la letra chica del contrato. Vamos a tener que ir a discutir al juzgado de Griesa cuánto le cuesta a los argentinos el servicio de agua, el servicio de cloaca o de teléfono”.